Santiago, 10 de enero de 2014
SRA.
MICHELLE BACHELET JERIA
PRESIDENTA ELECTA DE LA REPÚBLICA DE CHILE
Presente
Materia: Solicitud
de Audiencia.
En virtud de que, a partir del
11 de marzo de 2014, se materializará el cambio de gobierno que a Ud. le
corresponderá encabezar, la Asociación Nacional de Funcionarios de la
Superintendencia de Educación (ASUME), solicita a Ud. audiencia para exponer
los siguientes temas que se desarrollan en documento adjunto:
LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN. ASPECTOS GENERALES
§ La gestión de fiscalización se ha focalizado en los
establecimientos más débiles, protegiendo a los más fuertes.
§ Existe un importante nivel de acumulación de
Procesos Administrativos sancionatorios en las principales regiones del país.
§ La Superintendencia de Educación fue implementada
con centralización y concentración del servicio, lo que ha implicado un claro
retroceso a la hora de acercar los Servicios Públicos a la ciudadanía y ha
privado de autonomía administrativa a las Direcciones Regionales.
§ La facultad sancionadora del Servicio se ha
concentrado especialmente en la Educación Pública.
UN SERVICIO CREADO A COSTA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
UNA ESTRUCTURA INEXISTENTE
§ El 85% de los funcionarios de la Superintendencia
de Educación son funcionarios cuyo contrato se renueva año a año.
§ Por ley se definió una mezquina Planta del Servicio,
estructura base de cualquier institución.
LA PÉRDIDA DE DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS TRASPASADOS DESDE EL MINEDUC
§ La adscripción de numerosos funcionarios a grados
inferiores a los que legalmente les correspondía, generándose planillas
suplementarias que representan un 40% de la remuneración total. Dicha planilla,
al absorber los futuros mejoramientos de remuneraciones, implica que aunque los
funcionarios aumenten en uno o varios grados en la escala de remuneraciones, no
experimentarán un aumento real hasta eliminar por completo su planilla
suplementaria.
§ Quienes estuvieron a cargo de la elaboración
del Decreto y del proceso de traspaso, hoy ostentan remuneraciones
excesivamente superiores a las que tenían antes de la instalación del nuevo
servicio.
Sra. Presidenta:
Se hace urgente y prioritario el replanteamiento
de los objetivos y la programación del trabajo de la Superintendencia
de Educación Escolar para el presente año. Para tener un Servicio de calidad se
deben mejorar las condiciones laborales de la Institución. Es urgente contar
con una estructura organizacional adecuada y es imprescindible corregir los
errores cometidos en la implementación de la Superintendencia de Educación.
Esperando nos pueda recibir para desarrollar estos temas en profundidad,
le saludan atentamente,
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ALEJANDRO VALENZUELA FUICA
PRESIDENTE ASUME NACIONAL
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PATRICIO CONTRERAS RIVERA
TESORERO ASUME NACIONAL
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ANEXO
ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
El Rol de la Superintendencia de Educación ha sido
minimizado a la hora de implementar la institucionalidad creada en la Ley de
Aseguramiento de la Calidad, menoscabando el rol fiscalizador del Estado y
circunscribiendo la visita a los establecimientos a un mero chequeo
administrativo, empobreciendo el aporte profesional del Servicio. La
implementación de nuevas tecnologías y sistemas de fiscalización se ha
focalizado en aumentar cifras y número de fiscalizaciones por establecimiento,
dejando de lado la calidad en cada proceso de revisión. Esto con el fin de
mostrar mediáticamente cifras en multas y establecimientos cerrados.
La gestión desarrollada por el actual equipo
directivo no ha tenido la capacidad para instalar una visión integral del
proceso, que permita un mayor análisis de los programas de fiscalización que se
practican. Se utilizan los mismos criterios, exigencias y rigurosidad
para la diversidad de realidades educacionales que existen. Es decir sin
discriminar entre establecimientos con alta capacidad de gestión, buenas
dotaciones docentes y administrativas, abundantes recursos y optima
infraestructura, por un lado. Y por otro lado a establecimientos con múltiples
necesidades, que atienden alumnos con diversas problemáticas educativas, carencias
económicas y sociales. Que desempeñan su labor en condiciones de
vulnerabilidad, delincuencia, aislamiento u otros.
La gestión del proceso de fiscalización ha basado
su estrategia en el modelo de gestión de riesgo, modelo que tiene márgenes
relevantes de error porque no considera estas variables. Se genera con ello que
los establecimientos sean sancionados en múltiples ocasiones en programas
distintos. El modelo se focaliza en los establecimientos más débiles,
protegiendo a los más fuertes. Esta es una de las tantas injusticias sociales
con que se han desarrollado los programas de fiscalización.
Existe un importante nivel de acumulación de
Procesos Administrativos sancionatorios en las principales regiones del país.
Varios de ellos sobreseídos por no contar con el suficiente sustento legal o
por la falta de instrucciones y orientaciones claras hacia los sostenedores.
Esto se traduce en la pérdida de eficacia y eficiencia de todo el proceso
de Fiscalización, al mover gran cantidad de recursos y no existir sanciones
asociadas que permitan lograr el objetivo, que es, modificar el comportamiento
de los sostenedores contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de la
educación.
Al contrario de las experiencias internacionales en
materia de gestión gubernamental, que se orientan hacia la descentralización y
desconcentración administrativa, en la Superintendencia de Educación, se
decide implementar la centralización y concentración del servicio. Como
consecuencia, la concentración en las capitales regionales del país,
implicó entre otras cosas, un claro retroceso a la hora de acercar los
Servicios Públicos a la ciudadanía. Un habitante de Calama, Pichilemu, de
Ovalle, de Dalcahue en Chiloé, o de la Provincia de Arauco, que previamente se
atendían en sus respectivas provinciales, hoy debe viajar horas e invertir
recursos para efectuar denuncias, perdiendo la oportunidad de recibir atención
inmediata. Asimismo, las y los funcionarios(as) deben utilizar horas de viaje
para cumplir con su trabajo, lo que por razones económicas y familiares, ha
sido un menoscabo importante para estos trabajadores
La excesiva centralización de sus funciones por
otra parte, ha privado de autonomía administrativa a las
Direcciones Regionales, lo que ha acarreado en la práctica que hasta las
sencillas tareas de adquirir sus insumos o la contratación de servicios, tengan
que pasar necesariamente por el visto bueno y aprobación de funcionarios del
nivel central, por muy mínimos o de bajo costo que sean, aumentando la
burocracia, dilatando la eficiencia y eficacia de los procesos y una adecuada
atención de la comunidad a cuyo servicio estamos llamados.
En la práctica, la facultad
sancionadora del Servicio se ha concentrado especialmente en la Educación
Pública, puesto que la aplicación de los programas de fiscalización ha derivado
en una excesiva persecución donde las sanciones económicas han sido un
verdadero tiro de gracia para los establecimientos educacionales del Estado, lo
que no es más que otra consecuencia de años de
políticas públicas orientadas a favorecer y promover la ampliación de la oferta
educacional privada.
Solo el año 2013 se le ha
sustraído a la educación subvencionada de Chile, entre ellos a los
establecimientos más carenciados y los más vulnerables 4 mil millones de pesos
indispensables para dignificar la educación donde más se requiere.
UN SERVICIO CREADO A COSTA DE LOS DERECHOS DE
LOS TRABAJADORES
UNA ESTRUCTURA INEXISTENTE
El 85% de los funcionarios de la
Superintendencia de Educación son funcionarios cuyo contrato se renueva año a
año.
Por ley se definió una mezquina Planta del
Servicio, estructura base de cualquier institución, que en sí se diferencia de
los restantes organismos del Sector Público por la Ley que lo crea. En ella se
configura la posibilidad de despedir a trabajadores de planta con indemnización
de un mes por año con un tope máximo de seis.
Una entidad Fiscalizadora del Estado que se
jacta de haber cobrado multas por 4 mil millones de pesos solo en este año no
puede dejar que sus trabajadores estén al vaivén del gobierno de turno o de
indebidas presiones de jefaturas o sostenedores.
¿Cuál es entonces la razón para no efectuar las
modificaciones del Decreto que fija la planta de la SIE?
LA PÉRDIDA DE DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS
TRASPASADOS DESDE EL MINEDUC
En el proceso de traslado de
los funcionarios del Ministerio de Educación a la Superintendencia de
Educación, se cometieron una serie de negligencias por parte de las autoridades
a cargo de este proceso, y que se refieren a la asimilación de los grados que
debieron asignar a cada trabajador de planta y contrata en su nueva
destinación.
La adscripción de numerosos
funcionarios a grados inferiores a los que legalmente les correspondía, implicó
de inmediato un aumento exagerado de la planilla suplementaria, mecanismo que
estableció la ley para resolver diferencias salariales, llegando en muchos
casos hasta representar un 40% de la remuneración total. Dicha planilla, al
absorber los futuros mejoramientos de remuneraciones, implica que aunque éstos
aumenten en uno o varios grados en la escala de remuneraciones, no
experimentarán un aumento real hasta eliminar por completo su planilla
suplementaria.
Esta situación aqueja principalmente a los
funcionarios de planta que fueron traspasados. Estos funcionarios, legalmente y
en propiedad, estaban en posesión de un grado determinado. Mediante el traspaso
se les privó de lo que legalmente ya habían ganado por concursos públicos o
procesos de encasillamiento, ya que la autoridad no puede por sí aumentar sus
grados dentro de la planta y solamente les deja la opción de participar
nuevamente en concursos públicos para llegar a los grados que debieron haber
obtenido en el traspaso. Por otro lado, raramente quienes estuvieron a
cargo de la elaboración del Decreto y del proceso de traspaso, hoy
ostentan remuneraciones excesivamente superiores a las que tenían antes de la
instalación del nuevo servicio.
Por ello, se hace urgente y prioritario el
replanteamiento de los objetivos y la programación del trabajo de
la Superintendencia de Educación Escolar para el presente año, revisando
la misión y visión de esta Superintendencia percibida por la ciudadanía como
una entidad punitiva y vista por los Sostenedores como una suerte de policía
educacional destinada a perseguir a los establecimientos más carenciados.
Para tener un Servicio de
calidad se deben mejorar las condiciones laborales de la Institución. Es
urgente contar con una estructura organizacional adecuada y es imprescindible
corregir los errores cometidos en la implementación de la Superintendencia de
Educación.
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