Estimados colegas:

Mediante información enviada por ANEF nos hemos enterado de un proyecto de Ley que ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y que traspasa a cerca de 90 funcionarios desde la JUNJI a la Superintendencia de Educación al transferir la función fiscalizadora de los jardines infantiles a la nueva institucionalidad creada.

Este traspaso se desarrollará en condiciones similares a las del traspaso materializado mediante el Decreto Supremo 338. Sin embargo, esta vez, los diseñadores de la ley han buscado contemplar en la normativa en discusión ciertos resguardos que protegen en parte los derechos de los funcionarios a traspasar.

Es así que en los Artículos Transitorios se ha definido correctamente el concepto remuneración total, se ha aminorado el efecto de las planillas suplementarias definiendo que el traspaso se efectuará en el grado más cercano (superior o inferior) y definiendo a la planilla como reajustable e imponible.

Adicionalmente se ha contemplado que el cálculo del desahucio para los funcionarios con mayor tiempo en el sistema se efectúe en virtud de las remuneraciones que los funcionarios tenían en la JUNJI.

Obviamente se trata de un proyecto bastante diferente al que se implementó en la Superintendencia de Educación, el que tuvo como consecuencia que los funcionarios traspasados quedaran asimilados a grados inferiores a los que realmente les correspondía en virtud de la Ley, donde existen hasta hoy, diferencias detectadas que van entre 1 y 5 grados en la Escala de la Superintendencia de Educación.

Este proyecto, que lleva la firma del destituido Ministro Harald Beyer, responsable del desastroso y traumático traspaso que nos tocó vivir durante el 2012, es una oportunidad que se genera para que podamos resolver política y administrativamente el fondo y la totalidad de los problemas que se originaron por un deficiente diseño legal, con las implicancias que permanentemente hemos denunciado.

Lamentamos enterarnos por fuera de los canales institucionales de un proyecto que modifica el DFL Nº 4 y aumenta la dotación de funcionarios de la Superintendencia en un 20%. Sin embargo, buscaremos comprometer a la autoridad superior del servicio y a la Ministra de Educación a que en la Comisión de Educación del Senado se incorporen las indicaciones necesarias que permitan a los trabajadores recuperar los derechos perdidos.

Ante este escenario, hacemos un llamado a todos los socios y funcionarios a que, por distintos vías de comunicación, tomen contacto con Senadores y persuadan o den a conocer las distintas problemáticas, omisiones u otras fallas plasmadas en el decreto 338/12 para que sean subsanadas en esta Ley. 

Atentamente

Alejandro Valenzuela Fuica, Presidente ASUME

Jorge Boza Flores, Secretario ASUME

Patricio Contreras Rivera, Tesorero ASUME